Nuevo impuesto sobre los e-líquidos en el presupuesto 2026

El Gobierno francés prevé gravar los líquidos para cigarrillos electrónicos, una medida que suscita un rechazo fuerte entre muchos vapeadores. En su proyecto de ley de presupuestos para 2026, el Ejecutivo ha propuesto instaurar un impuesto inédito sobre los e-líquidos utilizados en los cigarrillos electrónicos. Este nuevo gravamen, de entre 30 y 50 céntimos de euro por frasco de 10 mililitros, dependería de la dosis de nicotina del producto. Anunciada como medida de salud pública y de rendimiento presupuestario, la idea ya genera reacciones vivas: inquieta a los consumidores que usan el cigarrillo electrónico y abre un debate intenso en el ámbito médico.

Un nuevo impuesto sobre los e-líquidos a partir de 2026

Sería la primera vez que los líquidos de vapeo estuvieran sujetos a una fiscalidad específica en Francia. Hasta ahora, ninguna accisa particular se aplicaba a estos frascos nicotinados, vendidos generalmente alrededor de 5 a 7 € los 10 ml en el comercio. El proyecto gubernamental pretende colmar ese vacío: cada recarga de 10 ml se gravaría con 0,30 € si contiene menos de 15 mg de nicotina, y 0,50 € por encima. En proporción, ello representa una subida de unos 5 a 10 % del precio del frasco para los usuarios. Francia cuenta con cerca de 3 millones de vapeadores regulares que podrían verse afectados por la medida.

Si el Parlamento adopta la disposición, su entrada en vigor se situaría en el segundo semestre de 2026, posiblemente ya en julio de 2026. El Gobierno sostiene que se trata de armonizar la fiscalidad del vapeo con la del tabaco. En efecto, los productos de nicotina alternativa se consideran cada vez más bajo el mismo ángulo que los cigarrillos clásicos. A título de ejemplo, el tabaco calentado, otra tecnología comercializada por los cigarrilleros para competir con el vaper, debería ver también su fiscalidad ligeramente elevada en el presupuesto de 2026. A largo plazo, según estimaciones, el impuesto al vapeo podría aportar unos 100 millones de euros al año a las arcas del Estado. Pero estos argumentos financieros y de equidad fiscal no convencen a todo el mundo, ni mucho menos.

Ira de los vapeadores y temor a una «mala señal»

Entre los usuarios, el anuncio se recibe mal. Muchos fumadores pasados al cigarrillo electrónico expresan ira e incomprensión ante lo que perciben como una incoherencia. «Me enfada… Nos incitan a dejar de fumar. Dejamos de fumar con el cigarrillo electrónico, y ahora nos gravan la nicotina en el cigarrillo electrónico. ¡Es un poco excesivo!», testimonia Fanny, vapeadora interrogada por RMC. Para muchos de ellos, el vapeo es un medio para alejarse del tabaco; gravarlo equivaldría a penalizar un paso que, según ellos, las autoridades sanitarias alientan.

Kaïs, de 25 años, antiguo «gran fumador» pasado al vaper, también se indigna contra la medida. «Es una gran estupidez: en el abanico de cosas que se pueden gravar en este país, ¿por qué gravar el único sustituto serio del cigarrillo? ¿En un país donde [el tabaquismo] es una causa fuerte de mortalidad?», fulmina (fuente Boursorama). En su caso personal, el sobrecoste representaría solo unos 1,50 € al mes, pero es el símbolo lo que más le irrita. Temen que, al encarecer el precio del vapeo, se envíe una mala señal a los fumadores que desean abandonar el tabaco. «Cuando se sube el precio de los e-líquidos, la gente abandona el producto que utilizaba para mantenerse a distancia del tabaco», añade Jean Moiroud en RMC, presidente del sector francés del vapeo. Kaïs llega a contemplar alternativas oficiosas si el impuesto sale adelante: «¡Iré a comprar mis cigarrillos electrónicos al rastro de Clignancourt!», lanza, evocando la posibilidad de recurrir a un mercado paralelo para eludir la ley.

Los comercios especializados temen también un impacto negativo. «Imaginen un frasquito a 5,90 € que pasa a 7 €: necesariamente se puede perder clientela», subraya Yannick Matignon en RMC, gerente de una tienda de cigarrillo electrónico, inquieto por ver a algunos clientes frenar sus compras. Varias tiendas temen una caída de la afluencia y una vuelta al tabaco entre antiguos fumadores disuadidos por la subida de precio. «Tememos el equívoco, que haya gente que deje de ir a la tienda porque se diga que el cigarrillo electrónico es más caro que el tabaco», explica un gerente de Niza, Romain Raby, que vende vapers en esa ciudad. Según él, entre todas las medidas anti-vapeo evocadas estos últimos años, esta es quizá «la más sensata», sobre todo frente a la idea (finalmente descartada) de prohibir todos los aromas de e-líquidos. No obstante, incluso este profesional más mesurado respecto al impuesto teme una desinformación del público: si el precio del vapeo sube, algunos fumadores podrían imaginar erróneamente que ya resulta más caro vapear que fumar, y renunciar a pasar al cigarrillo electrónico, lo que sería, paradójicamente, contrario al objetivo de salud pública perseguido.

El sector del vapeo en alerta

Los fabricantes y actores del vapeo también salen a defender su sector. La Fédération interprofessionnelle de la vape (Fivape), principal sindicato que reúne a cientos de comerciantes independientes y pymes del vapeo, recuerda que «el vapeo se ha convertido en la herramienta de ayuda más popular para dejar de fumar y alejarse de la nicotina». Asimilar los e-líquidos a un producto del tabaco imponible le parece, por tanto, contraproducente. «Vapear no es fumar, y eso explica que el riesgo también esté muy reducido respecto al tabaco», insiste Jean Moiroud en RMC, presidente de Fivape, haciendo valer que el vapeo, según el sector, vale como alternativa menos nociva. Deplora que los anuncios del Gobierno tengan «un alcance muy amplio» sobre su sector, al enviar un mensaje ansiógeno a los usuarios. Según sus estimaciones, este impuesto podría generar unos 100 millones de euros de ingresos fiscales, pero a costa de un retroceso del número de vapeadores: un 5 % de ellos podría abandonar el vaper y volver al tabaco, lo que engendraría a largo plazo 200 millones de euros de gastos sanitarios adicionales ligados al tabaquismo.

Otras voces, implicadas en la reducción del tabaquismo, expresan sus reservas. Alice Denoize, antigua profesional de la industria del tabaco reconvertida en el acompañamiento a la cesación, reconoce la necesidad de un mejor encuadre del mercado del vapeo, en particular frente al auge de los vapers desechables muy dosificados en nicotina que han podido inquietar a las autoridades. Con todo, duda de que la fiscalidad sea la respuesta adecuada: según ella, «penalizará a los vapeadores más precarios y sobre todo a los pequeños industriales que hacen un buen trabajo». En otros términos, serían los usuarios de medios limitados y los fabricantes independientes (y no los gigantes del tabaco) quienes más sufrirían una medida así, mientras que este sector sigue siendo un aliado potencial de la lucha antitabaco cuando está bien regulado.

Profesionales de la salud divididos

La comunidad médica aparece dividida sobre la pertinencia de gravar el vapeo. Numerosos tabacólogos y adictólogos se alarmarían por la mala señal enviada a los fumadores en transición. «Esta nueva recaudación va en contra de la lucha contra el tabaco» y aplicar este impuesto sería «equivocarse de objetivo», estima por ejemplo el Dr. Christophe Cutarella, psiquiatra adictólogo interrogado por 20 Minutes. Sostiene que, desde el punto de vista toxicológico, el cigarrillo electrónico sería netamente menos nocivo que el cigarrillo tradicional: la ausencia de combustión, según él, reduciría significativamente la exposición a las toxinas cancerígenas y los impactos sobre los sistemas respiratorio y cardiovascular. En el marco de una cesación, vapear nicotina evita, según él, el alquitrán y los miles de sustancias tóxicas del humo de cigarrillo. Una síntesis científica publicada en 2024 concluyó que los vapers nicotinados pueden ayudar a los fumadores a abandonar el tabaco, «probablemente con más eficacia» que los sustitutos sin nicotina. Desde entonces, para una parte del cuerpo médico, gravar fiscalmente estos productos de reducción de riesgos equivale a penalizar a fumadores que quieren alejarse del tabaco, con el riesgo de desalentarlos a seguir siendo no fumadores. El conocido neumólogo Bertrand Dautzenberg también deplora la iniciativa: según él, gravar para recaudar puede concebirse, pero entonces conviene apuntar con franqueza al cigarrillo clásico, por ejemplo elevando el paquete de tabaco a 25 €, en lugar de apuntar a una herramienta de cesación nicotínica.

Otros profesionales de la salud, en cambio, se muestran favorables a un marco más estricto para el vapeo. Yves Martinet, profesor de neumología y presidente del Comité national contre le tabagisme, asume sin rodeos: «Estoy a favor de la fiscalidad de los productos de vapeo que contienen nicotina». Señala la peligrosidad intrínseca de la nicotina, «una droga dura, más adictiva que la heroína», recuerda, y observa que la mayoría de los usuarios de cigarrillos electrónicos ya no son fumadores en cesación, sino a menudo jóvenes no fumadores para quienes el vapeo puede servir de puerta de entrada hacia el tabaco. Cierto, reconoce el Pr. Martinet, el vaper puede ayudar a algunos fumadores a dejar de fumar, pero ese público sigue siendo minoritario respecto al conjunto de los vapeadores. Considera por tanto legítimo aplicar también al vapeo el principio de precaución ya vigente para el tabaco: al encarecer el coste y limitar el atractivo de los productos nicotinados, se reduce la accesibilidad de una sustancia adictiva para el conjunto de la población. «No es porque haya que tomar insulina cuando se tiene diabetes que todo el mundo deba consumirla», concluye a modo de analogía, estimando que el estatuto de ayuda médica del vapeo para algunos no justifica su exención general. El debate científico permanece abierto: la eficacia del vapeo como ayuda para abandonar el tabaco sigue siendo objeto de estudios y controversias, y los decisores navegan entre la apuesta de la reducción de riesgos y la de la protección frente a nuevas adicciones.

¿Hacia una fiscalidad europea del vapeo?

Francia está lejos de ser un caso aislado en su voluntad de gravar los productos del vapeo. Bruselas prepara en efecto un endurecimiento fiscal de otra envergadura. En julio, la Comisión Europea propuso una revisión de la Directiva sobre las accisas orientada a instaurar, de aquí a 2028, una fiscalidad mínima común de los e-líquidos en la UE, comprendida entre 1,20 € y 3,60 € por frasco de 10 ml. Ese proyecto europeo, si se concretara, encarecería considerablemente la factura para los vapeadores franceses, muy por encima de los 30 a 50 céntimos actualmente discutidos. Se inscribe en una tendencia general de endurecimiento normativo en torno al cigarrillo electrónico, sobre el fondo de preocupaciones por su éxito creciente entre los jóvenes.

En Francia, recordemos que los e-líquidos escaparon por poco a un impuesto en 2024. El asunto no es nuevo, pero resurge en un contexto presupuestario tenso en el que cada fuente de ingresos se examina de cerca. El ministro de Cuentas públicas Sébastien Lecornu ha admitido que este capítulo del presupuesto seguía abierto a las negociaciones políticas y a los ajustes parlamentarios. El «impuesto al vapeo» se debatirá en la Assemblée nationale en las próximas semanas. Su destino dependerá de la relación de fuerzas política y del resultado de las discusiones: entre argumentos de salud pública, consideraciones financieras y reacciones de la opinión, los electos deberán pronunciarse sobre esta medida controvertida del presupuesto 2026. Una cosa es segura: el debate en torno al vapeo, percibido unas veces como aliado en la lucha contra el tabaco y otras como producto adictivo que hay que encuadrar, está llamado a proseguir, en Francia como en Europa, en los meses y años venideros.

Fuentes: RMC/BFMTV; Les News Eco; Le Figaro (vía Boursorama).